La política errática de la administración estadounidense con la IA le abre la puerta a China

El viernes 12 de junio Washington ordenó a Anthropic cortar el acceso a sus dos modelos más avanzados, Fable 5 y Mythos 5, los llamados modelos frontera de la compañía, presentados solo tres días antes. La directiva no prohibía estos modelos sin más: ordenaba bloquear su acceso únicamente a ciudadanos extranjeros, dentro o fuera de Estados Unidos, incluidos los propios empleados de Anthropic sin nacionalidad estadounidense. Dicho de otro modo, la idea de partida del gobierno era que los estadounidenses siguieran usando la IA más potente del momento mientras el resto del planeta se quedaba fuera.

Anthropic decidió no aplicar esa segmentación. Cortó el acceso a Fable 5 y Mythos 5 para todos sus usuarios, también los estadounidenses, antes que construir un sistema de inteligencia artificial de primera para unos y de segunda para el resto del mundo.

La justificación oficial fue "seguridad nacional", sin más detalle. Según el propio comunicado de Anthropic, las vulnerabilidades detectadas eran menores, ya conocidas y replicables en otros modelos del mercado, incluido GPT-5.5 de OpenAI. No se identificó ningún jailbreak universal.

No es un episodio aislado. Forma parte de una pugna que arrancó meses atrás, cuando Anthropic se negó a eliminar las restricciones éticas de sus modelos para usos militares y de vigilancia masiva, lo que llevó al gobierno a declararla "riesgo para la cadena de suministro" y a la empresa a demandar al propio Estado. Primero se castiga a quien pone límites, después se le exige diseñar un acceso privilegiado según el pasaporte de cada usuario. Esa es la política errática que describimos.

Mientras el discurso oficial repite que Estados Unidos no puede permitirse perder la carrera tecnológica frente a China, su propio gobierno acaba de proponer, de facto, repartir el acceso a la inteligencia artificial más avanzada en dos categorías según la nacionalidad. Esa imagen dice más sobre hacia dónde se dirige la gobernanza de la IA que cualquier discurso de competitividad.

No sostenemos que los modelos frontera estén libres de riesgos reales. Pero la opacidad, la ausencia de un proceso claro y una propuesta de segmentación por nacionalidad tienen un coste que ningún comunicado recoge: la confianza. Y en infraestructura crítica, la confianza es lo que termina decidiendo quién gana los mercados a largo plazo.

Para quienes trabajamos en educación superior con estas herramientas, la pregunta deja de ser solo ética o pedagógica. Se convierte en una cuestión de soberanía digital. ¿Cuánto debería depender una institución, fuera de Estados Unidos, de un proveedor cuyo gobierno acaba de plantear, sin matices, que el acceso a la mejor IA disponible debería depender del país en el que naciste?
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